Historia del sistema de ingreso a la educación superior

En el presente, la mayoría de adultos jóvenes del país se someten a un examen de ingreso a la educación superior: más de dos millones de estudiantes desde 2012 han rendido los diferentes exámenes para acceder a la educación pública^[3]. Sin embargo, la educación superior en el país generalmente no ha contado con un examen centralizado, más bien se apelaba a la autonomía de las universidades para controlar sus admisiones.^[4]. Esto cambió momentáneamente en el quinto régimen de José María Velasco Ibarra, donde se implementó un examen centralizado. Tras la movilización estudiantil de 1969, se exigió que la educación superior fuese de libre acceso, argumentando que dichos exámenes “constituían un mecanismo de discriminación y tráfico de influencias”^[5]. Los estudiantes lograron su objetivo: para estudiar en una universidad estatal únicamente se necesitaba el título de bachiller (aunque sin prohibir que se establezcan exámenes específicos). Esta situación tomaría un drástico cambio cincuenta años después durante el gobierno de Rafael Correa.

Con el fin de generar igualdad de oportunidades en 2011 se establece el Examen Nacional de Educación Superior (ENES). De acuerdo con el gobierno del momento, la corrupción en un sistema de libre ingreso a las universidades se manifestaba con el pago de sobornos para poder obtener un cupo, nepotismo y “palanqueos entre autoridades”^[6]. La puntuación de esta evaluación determinaba la asignación de un cupo en instituciones educativas públicas. En el 2017 se da un nuevo cambio, pues se plantea la fusión del examen de grado Ser Bachiller (obligatorio para graduarse del colegio) con el examen de ingreso a la universidad^[7].

El examen unificado fue criticado desde su establecimiento, especialmente por personajes detractores del gobierno de Rafael Correa. El sistema educativo volvió a modificarse en el gobierno de Guillermo Lasso en 2021, quien en su campaña presidencial habría propuesto un libre acceso a la universidad, sin especificar qué implicaba y luego negando haber hablado del tema^[8]. En el 2021, el presidente informa el reemplazo del examen Ser Bachiller por el test Transformar, cuya función era la misma^[8] y en 2022 se anuncia la eliminación del test, significando que el acceso a universidades públicas ahora depende de las mismas instituciones.

Incidencia y tolerancia a la corrupción en ámbitos educativos

Como la historia lo muestra, tanto el sistema actual de “libre ingreso” como el sistema de examen unificado han sido ampliamente criticados, siendo la corrupción uno de los argumentos más fuertes. En este caso, es importante preguntarse cuál es la relación entre la corrupción y el acceso a la educación superior, motivando el análisis con hechos empíricos.

Para responder esta pregunta se puede utilizar los resultados de la encuesta del Barómetro de las Américas (AB) del Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Estos sondeos de opinión pública permiten inferir el porcentaje anual de ecuatorianos que pagaron sobornos en escuelas o colegios, recordando que la educación superior en Ecuador no contaba con un examen de acceso centralizado hasta el 2011. Con esta información, podemos hacer un análisis aproximado sobre la corrupción en procesos universitarios, ya que la pregunta no hace referencia a la educación superior específicamente.

El gráfico a continuación contempla el porcentaje de personas que pagaron una coima o soborno en la escuela o colegio. El análisis de esta pregunta es útil para conocer cuál es la propensión del ecuatoriano promedio a cometer o aceptar actos de corrupción en la obtención de cupos para el sistema de educación superior.

Un cambio clave que se puede analizar es aquel entre el 2010 y 2012, tomando en cuenta la implementación del ENES (examen centralizado) en el 2011. Entre estos dos períodos, el pago de coimas en planteles educativos incrementa de forma estadísticamente significativa, llegando casi a duplicarse. Aunque no se conoce si se dio un patrón similar en la corrupción para obtener un cupo en la universidad, es posible que este cambio se haya dado debido a los nuevos incentivos para acceder a la educación superior, tomando en cuenta que el financiamiento para universidades durante el gobierno de turno fue considerable. La incidencia de corrupción en el ámbito educativo se estabilizó en 2014. Con un porcentaje del 9.2%, este fue el año que menos se reportaron pagos a sobornos de acuerdo a esta encuesta, aunque la cifra no es estadísticamente diferente a la de 2010.

Sin embargo, en los últimos periodos de la encuesta podemos ver que el pago de sobornos en colegios aumentó en gran medida. Asumiendo que observamos una incidencia de corrupción similar en procesos universitarios, este incremento en corrupción podría explicarse por el establecimiento del examen Ser Bachiller (unificado) en el año 2017. Recordemos que esta evaluación no solo permitía el acceso a universidades públicas, también decidía si el estudiante se gradúa del colegio o no. Un examen con doble propósito como el Ser Bachiller puede haber causado gran desasosiego en la población de estudiantes, lo que podría explicar que un 22% de ecuatorianos pagó sobornos en colegios. Los estudiantes tenían más incentivos para pagar coimas: ingresar a universidades y, más importante aún, graduarse del colegio, lo cual también podría reflejar la propensión que hay en el país a pagar sobornos en institutos superiores para obtener un cupo.

El problema de la corrupción es uno muy prevalente en el Ecuador, no solamente en educación. El gráfico de arriba nos muestra la propensión a justificar un soborno, y, como se puede ver, esta predisposición es relativamente alta. De hecho, Ecuador se encuentra entre los países más tolerantes a la corrupción de la región^[9]. Esto podría representar un problema grave ahora que el examen unificado se ha eliminado, puesto que si la propensión a justificar la corrupción es alta, la incidencia de la misma también lo podría ser. Es decir, en caso de que la tendencia se mantenga, se puede predecir que la corrupción aumentará aún más.

El considerable incremento de la corrupción en ámbitos educativos se da al mismo tiempo en el que hubo un significativo aumento de la tolerancia a la misma en 2016. No obstante, esto no necesariamente podría deberse al cambio en el sistema de ingreso a universidades estatales, tal vez esté más relacionado con el declive de la popularidad del gobierno y de sus funcionarios públicos, así como la recesión tras la caída de los precios del petróleo en 2015. Para mediados del 2016, el 58 % de la población desaprobaba la gestión de Rafael Correa^[10]. Esto se justifica con el hecho de que las crisis políticas y económicas pueden provocar cambios en el comportamiento de las personas, haciéndolas más propensas a la corrupción. Particularmente, durante una recesión económica, la investigación muestra que la población puede inclinarse más hacia el comportamiento corrupto debido a los beneficios que puede dar al agente corrupto^[11].

También es importante establecer que la propagación de la corrupción se da porque hay incentivos tanto para los consumidores de la corrupción (estudiantes y representantes familiares, en este caso) como para los agentes del Estado. Este último gráfico, en cierta medida, muestra la demanda de corrupción en el país, que potencialmente responde al rechazo de la gestión gubernamental ante la recesión económica. En el caso específico de la educación superior, pagar un soborno implica tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública la carrera que el estudiante desee. Varios factores políticos y económicos influyen en la tolerancia a la corrupción, por lo que no se puede llegar a una conclusión para el sistema educativo únicamente con estos datos.

En cuanto a la oferta de sobornos en la educación superior, los funcionarios públicos también tienen un impulso para aceptar coimas, siendo este un incentivo económico para su propio beneficio. En ese caso, factores externos como recesiones también podrían hacer que los ofertantes de servicios públicos sean más corruptos. La teoría económica señala que si ambas partes tienen incentivos para tolerar la corrupción y la presión pública para eliminar la misma es débil, no hay razón para que sus niveles disminuyan. Si bien los datos disponibles aquí parecen apuntar a un repunte de la corrupción en universidades mediante un sistema descentralizado, es complicado llegar a una conclusión definitiva al existir varios factores que afectan a los sobornos en ámbitos educativos.

Conclusiones

Este año se estará aplicando (de nuevo) el acceso a la educación superior pública de acuerdo a los procedimientos de admisión de cada universidad. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la corrupción en el sistema educativo? El análisis cuantitativo de la incidencia de la corrupción indica lo siguiente:

1. Entre 2010 y 2012, el período donde se instauró por primera vez el examen centralizado de acceso a la universidad ENES, existió un significativo aumento de pago de sobornos en ambientes educativos.

2. Para el 2014 la corrupción en escuelas y colegios se redujo a un nivel similar al que existía cuando no había un sistema centralizado de ingreso a la universidad. Esto implica que no existe una diferencia clara en el mediano plazo entre la incidencia de corrupción antes y después del establecimiento del examen centralizado.

3. A partir del 2016, existe un considerable aumento de la corrupción en la educación, lo que coincide con un incremento significativo de la propensión a tolerar sobornos. Esto señala que es quizás la tolerancia a la corrupción, y no el esquema de ingreso a la universidad, lo que lidera el pago de sobornos en ámbitos educativos.

Si bien el análisis no nos permite conocer con exactitud lo que sucederá con el sistema actual, la información presente nos permite llegar a importantes predicciones de lo que puede suceder en el futuro. Aunque los datos analizados aquí no observan de forma exacta la corrupción en el otorgamiento de cupos a nivel universitario, el pago de sobornos en colegios y escuelas nos permiten entender la forma en la que los ecuatorianos se comportarían en el ámbito universitario. El análisis presente y la literatura económica sugiere que, sin importar los cambios en política pública educativa, los sobornos e injusticias para entrar a la universidad persistirán si es que la población tolera a la corrupción en cualquier ámbito cuando las circunstancias lo justifiquen. Las elecciones anticipadas de agosto 2023 pondrán a prueba a los candidatos y sus actitudes hacia el sistema educativo, sin embargo, a juzgar por lo que los datos pueden decir, será más importante la actitud general de los aspirantes a la corrupción que su posición política respecto al sistema de ingreso a la universidad.

Visita el repositorio de GitHub de la autora donde podrás revisar el código y reproducir el análisis de este artículo. Este artículo utilizó los datos de libre acceso del Barómetro de las Américas, por lo que agradecemos al proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y a sus principales donantes (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y Vanderbilt University) por poner a disposición los datos.

Edición Febrero - Agosto 2023

ISSN 2953-6456